La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP),  dependiente del gobierno panameño, firmaron un nuevo acuerdo con el objetivo de fortalecer los mecanismos del país para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La institución remarca el rol del país para hacer frente a este tipo de prácticas, ya que Panamá tiene jurisdicción sobre territorio en mar 4,3 veces más grande que en tierra firme y cuenta con más de 52 cuencas hidrográficas y 1000 km2 de lagos y embalses. Además de recibir y exportar productos pesqueros, brinda servicios portuarios que permiten a las embarcaciones pesqueras desempeñar sus actividades. Para combatir la pesca INDNR, el país revisará y ajustará sus políticas, legislaciones y sistemas de seguimiento, control y vigilancia, sosteniéndose en el proyecto “Apoyo para la implementación del Acuerdo FAO sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto y los  instrumentos relacionados para combatir la pesca INDNR”, con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia. El Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica, Tito Díaz, remarcó que “este proyecto complementa los esfuerzos que realiza Panamá para combatir la pesca ilegal, a través de una mayor transparencia y trazabilidad en los productos pesqueros y una mejor capacidad de inspección, vigilancia y control de los buques pesqueros que atracan en puertos panameños, permitiendo 

garantizar el origen legal de los pescados y mariscos que se consumen”. Por su parte, la Administradora General de la ARAP, Ing. Zuleika Pinzón, detalló que “el proyecto revierte una importancia especial para la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, considerando que se encuentra alineado con el marco estratégico de la FAO. Recordemos que la Pesca INDNR debilita no sólo los esfuerzos nacionales, sino también los regionales en lo que respecta a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces, impidiendo a la larga que los países afectados alcancen los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de responsabilidad establecidos, entre otros foros, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y en el Código de Conducta para la Pesca Responsable”.